Los delitos contra menores y su protección en el proceso penal

En relación a la situación de los menores como víctimas del delito, son destacables los cambios introducidos por la reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, que tiene por objetivo la protección integral a los menores frente a diferentes tipos de violencia. Este cambio es una regulación integral y multidisciplinar. Se incluyen aspectos como la reacción temprana de protección frente a una determinada situación en la que pueda ser víctima una persona menor de edad, así como también la reacción penal frente a determinados delitos. Esta nueva regulación surge como una respuesta de adecuación frente a las disposiciones del ámbito internacional, con el objetivo de luchar contra la trata de seres humanos y contra la explotación y abuso sexual expresado en el Convenio de Estambul. En este sentido, el Título Preliminar detalla el alcance del concepto de violencia, incluyendo cualquier tipo de comportamiento violento en el ámbito familiar. Asimismo, se incorpora la promoción activa de: “principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de niños, niñas y adolescentes”.

1. La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital.
3. En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar.
4. Se entiende por buen trato a los efectos de la presente ley aquel que, respetando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes.